Primer Lugar en el Concurso Internacional de Rescate de Valores de la CEPAL, OLACEFS
Organizado por: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior
Diciembre 2013
Concurso: "Cómo generar incentivos para que el personal de las EFS predique con el ejemplo al interior de sus instituciones".
El presente documento aborda la ética pública como piedra angular para el adecuado desarrollo de la gestión pública y su vinculación con otras figuras escenciales tales como el acceso a la información pública, el Gobierno Abierto, la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, la innovación colaborativa, la creación de valor público, la lucha contra la corrupción, los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente, el derecho al buen gobierno que los engloba, dado que para desarrollar todos éstos aspectos es necesario contar con un marco ético sólido.
Luego del desarrollo de este marco teórico conceptual se procede a diagnosticar la situación actual y los avances alcanzados en materia ética en la región latinoamericana en general, en donde se reconoce en primer lugar las dificultades y limitaciones que se posee en la materia, pero también los esfuerzos y acciones implementadas por los países para alcanzar niveles éticos adecuados.
La lucha contra la corrupción es una preocupación de los todos los países en el mundo y para atenderla se han tomado iniciativas de relevancia internacional las cuales se explican en el siguiente vídeo.
Eje de investigación: Ética y Corrupción
La presente investigación tiene como objetivo demostrar que existe una relación inversamente proporcional entre el grado de fortaleza que posean las oficinas de Servicio Civil con el nivel de avance alcanzado por los gobiernos en la materia de Gobierno Abierto, lucha contra la corrupción y transparencia y rendición de cuentas, con lo cual se pretende inferir que una de las principales acciones de deben implementar los gobiernos para alcanzar dichos objetivos consiste en reforzar el papel y competencias de sus oficinas de Servicio Civil.
El mal de la corrupción aqueja a todos los países de Iberoamérica, y lastimosamente Costa Rica no es la excepción; es por ello que en los últimos años se ha incrementado la normativa e instrumentos tendientes a luchar contra la corrupción en la función pública. Se destaca la Convención interamericana de lucha contra la corrupción de los países miembros de la OEA, que fue ratificada por Costa Rica, y a partir de ella se promulgó la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública que introdujo una serie de reformas e instrumentos tendientes detectar y sancionar actos de corrupción al ordenamiento jurídico costarricense.
La presente ponencia inicia analizando el papel que cumplen las Entidades de Fiscalización Superior para garantizar el respeto de los principios que integran el derecho de la ciudadanía a la buena administración, sea: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y acceso a la información pública, participación, universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos, publicidad y claridad de las normas y procedimientos, seguridad jurídica, de previsibilidad, claridad y certeza normativa, proporcionalidad, principio de objetividad, fundamento de los principios de imparcialidad e independencia, buena fé, celeridad; y similares, bajo la óptica de que los gobiernos y administraciones públicas siempre deben orientarse a la mejora constante y permanente de las condiciones de vida de las personas para que puedan ejercer en mejores condiciones todos sus derechos humanos.
En el año 2002, se aprueba en Costa Rica la Ley General de Control Interno, la cual viene a darle rango legal a una filosofía de ya larga data; en este punto, se hace necesario recordar que el Sistema de Control Interno nace en el seno de la empresa privada con la necesidad de establecer mecanismos para garantizar la transparencia y el acceso a información idónea de la empresa hacia terceros; que posteriormente, la filosofía del control interno se traslada a la esfera pública, con el fin de garantizar los principios de eficacia y eficiencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de la administración hacia los ciudadanos.
La ética en la función pública esta íntimamente relacionada con la corrupción en la función pública. La corrupción es el deterioro de la ética pública. El siguiente vídeo reflexiona sobre este tema.
XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay
Ponencia en el Panel:Descentralización y gestión local en el marco del desarrollo nacional integral
Montevideo, Uruguay.Noviembre 2013
El presente texto analiza el papel de los códigos de ética y códigos de conducta como promotores de la ética organizacional, dada su importancia para las empresas públicas y privadas, y su vinculación con el clima y la cultura organizacional. Figuras que se basan en los valores corporativos que rigen la entidad y que permitan consolidar una buena imagen, interna y externa, de respeto a la ética y reproche a conductas ilícitas e inadecuadas. Se explican los conceptos de código de ética y código de conducta, sus contenidos más frecuentes y el proceso de elaboración.
En este documento se analiza la lucha contra la corrupción, a partir de los mecanismos e instrumentos jurídicos y administrativos implementados en los países latinoamericanos para luchar contra la corrupción. Se inicia con los mecanismos deontológicos de aplicación de la ética público como los: Educación en ética y valores, código de ética pública y códigos de conducta, el Sistema Nacional de la Ética Pública, adecuados sistemas de control interno, la auditoría de la ética. Además, se estudian los instrumentos preventivos como las leyes de
La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad costarricense cada vez con más fuerza, razón por la cual en los últimos años se han introducido reformas importantes en la normativa vigente y mecanismos tendientes a detectar y sancionar los actos de corrupción.
Dentro de dichos mecanismos se encuentra la declaración jurada de bienes y la potestad sancionatoria otorgada a la Contraloría General de la República sobre las faltas vinculadas con este instrumento; no obstante, de la evaluación de los resultados de estos procedimientos -que se explicaran con detalle más adelante-, se concluye que la labor sancionatoria realizada por el órgano contralor ha estado enfocada a las faltas formales de la declaración, y no así a las faltas sustantivas o de fondo, que constituyen los verdaderos actos de corrupción.
Ante esta situación surge la necesidad de realizar la presente investigación, que inició con la revisión del desarrollo de la evolución histórica que han tenido las declaraciones juradas en la normativa costarricense desde 1949, cuando se incluyó el deber de declarar de parte de ciertos funcionarios públicos en la Constitución Política aprobada en ese año, y en la Ley Nº 1166 denominada Ley de Declaración Jurada de Bienes en los Funcionarios Públicos, del 14 de junio de 1950.
El objetivo del presente artículo es describir las normas que regulan el instituto de la denuncia en el sector público, detallando las leyes aplicables, y las principales garantías y características como medio de participación ciudadana, deber de los funcionarios públicos e instrumento en la lucha contra la corrupción pública. Lo anterior con la finalidad de exponer las principales regulaciones aplicables a la denuncia, lo cual es de interés tanto para posibles denunciantes, sean ciudadanos o funcionarios públicos, como para los órganos y funcionarios encargados de recibirlas y tramitarlas a fin de realizar esta labor con apego al ordenamiento jurídico.
Adjunto encontrarán el video de la presentación del panel Tendencias éticas en la toma de decisiones gerenciales en Costa Rica, presentado en Santiago de Chile, en noviembre del 2016.
La presente ponencia inicia destacando la importancia de la ética para el adecuado desarrollo de un país, partiendo de las definiciones de ética plasmadas en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública y la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, junto a las normas internacionales y nacionales que regulan esta materia como son: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y Código Penal.
Con excepción del Código Penal, todas ellas aplicables únicamente al sector público, dejando al sector privado al descubierto, en donde aplicaría únicamente los Códigos de Ética Profesionales.
El siguiente video explica la ética pública y la transparencia desde las Cartas Iberoamericanas que los señalan como elementos pilares en la función pública y en la lucha contra la corrupción.
La ética en la función pública ha sido ampliamen-te estudiada ante el preocupante incremento de los casos de corrupción en la función pública en los paí-ses latinoamericanos. Tradicionalmente se analizan los deberes éticos y la normativa aplicable en la fun-ción pública desde la perspectiva del funcionario pú-blico, del gestor público; mientras que las Entidades de Fiscalización Superior y auditorías internas se les analiza desde su papel de órgano de control y fisca-lizadores de la conducta ética de los gestores públicos.
El presente artículo pretende ser una pequeña contribución de su autora, en agregar una definición de corrupción desde la perspectiva de la Auditoría de la Ética, como un aporte al estudio de este fenómeno que tanto aqueja a Iberoamérica. Si bien existen múltiples maneras de definir el término de la Corrupción desde las distintas aristas en que se desarrolla, el presente artículo pretende elaborar una definición desde la perspectiva de la auditoría de la ética pública, siendo ésta una nueva clase de auditoría que dados los graves efectos que este fenómeno posee en la gestión pública debe realizarse en las distintas instituciones de gobierno, a fin de prevenir, detectar y sancionar este tipo de prácticas.
