El deber de probidad como un instrumento en la lucha contra la corrupción

El mal de la corrupción aqueja a todos los países de Iberoamérica, y lastimosamente Costa Rica no es la excepción; es por ello que en los últimos años se ha incrementado la normativa e instrumentos tendientes a luchar contra la corrupción en la función pública. Se destaca la Convención interamericana de lucha contra la corrupción de los países miembros de la OEA, que fue ratificada por Costa Rica, y a partir de ella se promulgó la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública que introdujo una serie de reformas e instrumentos tendientes detectar y sancionar actos de corrupción al ordenamiento jurídico costarricense.

Dentro de los institutos incorporados por dicha ley, se encuentra el denominado “Deber de Probidad”, la cual es una figura difícil de delimitar y cuya desobediencia genera la “Violación al Deber de Probidad” que es una causal de responsabilidad administrativa, que podría conllevar desde la amonestación escrita hasta la separación del cargo sin responsabilidad patronal en contra del funcionario infractor.

Ahora bien, la aplicación práctica de este instituto ha generado mucha discusión dada su gran amplitud, y aplicación en casi cualquier situación, siendo por ello que resulta pertinente analizar en este espacio el alcance y aplicación de dicha figura dentro del ordenamiento jurídico costarricense, y que podría aplicarse de manera similar en otras latitudes.

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