Propuesta para mejorar la efectividad de la declaración jurada de bienes como un instrumento en la lucha contra la corrupción en la función pública

La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad costarricense cada vez con más fuerza, razón por la cual en los últimos años se han introducido reformas importantes en la normativa vigente y mecanismos tendientes a detectar y sancionar los actos de corrupción.
Dentro de dichos mecanismos se encuentra la declaración jurada de bienes y la potestad sancionatoria otorgada a la Contraloría General de la República sobre las faltas vinculadas con este instrumento; no obstante, de la evaluación de los resultados de estos procedimientos -que se explicaran con detalle más adelante-, se concluye que la labor sancionatoria realizada por el órgano contralor ha estado enfocada a las faltas formales de la declaración, y no así a las faltas sustantivas o de fondo, que constituyen los verdaderos actos de corrupción.
Ante esta situación surge la necesidad de realizar la presente investigación, que inició con la revisión del desarrollo de la evolución histórica que han tenido las declaraciones juradas en la normativa costarricense desde 1949, cuando se incluyó el deber de declarar de parte de ciertos funcionarios públicos en la Constitución Política aprobada en ese año, y en la Ley Nº 1166 denominada Ley de Declaración Jurada de Bienes en los Funcionarios Públicos, del 14 de junio de 1950.

Posteriormente, esta figura sufrió reformas; no obstante, el cambio más significativo se dio con la aprobación de la Ley N° 8422 denominada Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, aprobada el 10 de octubre del 2004, que se origina en la Convención Interamericana de los países miembros de la OEA en la lucha contra la corrupción.
Con la aprobación de la Ley N° 8422 se le otorga mayor relevancia a la declaración jurada de bienes, ampliando los cargos públicos a los que se aplica, instruyendo un régimen sancionatorio fuerte para el funcionario infractor y otorgándole potestades disciplinarias a la Contraloría General de la República por violaciones al deber de declarar.
Como consecuencia a partir del año 2006 se iniciaron procedimientos disciplinarios sancionatorios por faltas originadas en la declaración jurada de bienes, los cuales fueron revisados y analizados para efectos de la presente investigación.
Finalmente, se enlistan diez mecanismos que se consideran necesarios de implementar con el fin de que la declaración jurada de bienes sea un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, y que la labor sancionatoria que ejerce el órgano contralor sea efectiva y ejemplificante para prevenir este tipo de actos.
Dicha lista no pretende agotar el tema, pues aún quedan aspectos que mejorar en este instrumento, pero se consideran los más relevantes y en algunos casos fáciles de implementar, que tendrían resultados positivos en la tarea que realiza la Contraloría General de la República.
Asimismo, estas alternativas pueden aplicarse en conjunto o de forma individual, pues cada una posee un objetivo definido y por sí misma contribuyen a alcanzar el objetivo propuesto.

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