El Poder Judicial costarricense ha sido uno de los primeros en la región, en procurar la apertura, transparencia y rendición de cuentas de sus labores hacia la ciudadanía, con el fin de garantizarle, no solamente el derecho de acceso a la justicia sino también una justicia cercana a su realidad. En 1994 se integra la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) con participación del Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República. La CONAMAJ ha liderado una serie de iniciativas en áreas como: coordinación interinstitucional, participación Ciudadana, acceso a la Justicia y círculos de Paz, ha abordado temas como refugiados, inclusión del lenguaje democrático en resoluciones judiciales, equidad de género, y otros temas relevantes.El Poder Judicial costarricense ha sido uno de los primeros en la región, en procurar la apertura, transparencia y rendición de cuentas de sus labores hacia la ciudadanía, con el fin de garantizarle, no solamente el derecho de acceso a la justicia sino también una justicia cercana a su realidad. 

El ordenamiento jurídico costarricense permite que el Estado traslade fondos públicos a sujetos privados para que desarrollen una actividad que puede considerar como de interés público. Este traslado de recursos puede darse en dos condiciones claramente diferenciadas; es decir, existen dos tipos de sujetos privados que reciben fondos públicos que son:

1. Custodios o administradores de fondos públicos
2. Receptores de beneficios patrimoniales a título gratuito o sin contraprestación

Los sujetos privados que fungen como custodios o administradores de fondos públicos, son aquellos que reciben recursos del Estado, pero que éstos nunca pierden la naturaleza de fondos públicos, y se fundamentan en al artículo 4 inciso b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

La rendición de cuentas es uno de los pilares del Estado democrático de cara al nuevo paradigma centrado en la personaLa rendición de cuentas es uno de los pilares del Estado democrático de cara al nuevo paradigma centrado en la personaciudadana, por lo que este texto procura una definición de esta figura desde la perspectiva jurídica y administrativa.

El presente texto empieza analizando el paradigma del gobierno abierto y su evolución ocurrida desde el 2009 con el memorando de Barack Obama, el impulso que tuvo en 2011 con la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto y los esfuerzos realizados, por la doctrina, para delimitar su contenido. Explica sus cuatro pilares: transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y colaboración abierta, para enfocarse en el pilar de innovación abierta.