La presente ponencia inicia analizando el papel que cumplen las Entidades de Fiscalización Superior para garantizar el respeto de los principios que integran el derecho de la ciudadanía a la buena administración, sea: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y acceso a la información pública, participación,  universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos, publicidad y claridad de las normas y procedimientos, seguridad jurídica, de previsibilidad, claridad y certeza normativa, proporcionalidad, principio de objetividad, fundamento de los principios de imparcialidad e independencia, buena fé, celeridad; y similares, bajo la óptica de que los gobiernos y administraciones públicas siempre deben orientarse a la mejora constante y permanente de las condiciones de vida de las personas para que puedan ejercer en mejores condiciones todos sus derechos humanos.

El Control Interno es un aspecto relevante en la gestión pública, y la Contraloría General de la República junto con las auditorías internas constituyen un actor fundamental dentro de este, lo cual se explica en la siguiente presentación.

Este documento realiza un análisis de las normas ISSAI que establecen que el auditor debe realizar una evaluación de riesgos en la planificación de todo estudio de auditoría. Para ello se inicia el documento definiendo qué es riesgo y los tipos existentes; posteriormente, se detallan los apartados de las distintas normas ISSAI en donde se hace referencia a la evaluación de riesgos en el proceso de auditoría. Finaliza el documento citando las normas ISSAI 1315, 1330 y la norma INTOSAI GOV 9130 que aplica de manera general a todos los tipos de auditoría que se realizan y guía al auditor en este proceso.

La función de auditoría es la más relevante que ejercen las Entidades de Fiscalización Superior, el siguiente material explica el marco jurídico y técnico que fundamenta esta función en Costa Rica.

La potestad que caracteriza a todas las Entidades de Fiscalización Posterior (EFS), es el ejercicio de la auditoría sobre sus sujetos pasivos, de ahí la importancia que posee esta función y la necesidad de regularla adecuadamente.
Por su parte, las EFS se han agrupado en un organismos internacional, que funge como un espacio para compartir experiencias, conocimiento y elaborar criterios conjuntos, como lo es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

De los elementos expuestos y desarrollados en el presente docu-mento se puede concluir que el sec-tor municipal, el que posee importan-tísimas funciones, y es un pilar para el desarrollo del país, posee impor-tantes limitaciones y deficiencias que le impiden realizar su labor de mane-ra efectiva.
El sector municipal, presenta importantes retos en materia de aprobación presupuestaria, ejercicio del trabajo de las auditorías internas, profesionalización de las auditorías municipales, transparencia y rendi-ción de cuentas, prestación de servi-cios sociales, y otros temas más que igualmente revisten de gran impor-tancia para el trabajo que ejecutan dichos ayuntamientos.

El ordenamiento jurídico costarricense permite que el Estado traslade fondos públicos a sujetos privados para que desarrollen una actividad que puede considerar como de interés público. Este traslado de recursos puede darse en dos condiciones claramente diferenciadas; es decir, existen dos tipos de sujetos privados que reciben fondos públicos que son:

1. Custodios o administradores de fondos públicos
2. Receptores de beneficios patrimoniales a título gratuito o sin contraprestación

Los sujetos privados que fungen como custodios o administradores de fondos públicos, son aquellos que reciben recursos del Estado, pero que éstos nunca pierden la naturaleza de fondos públicos, y se fundamentan en al artículo 4 inciso b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

El presente documento aborda el estudio de las sociedades anónimas estatales y los distintos tipos que existen, sean de capital público o de capital mixto, generando situaciones en las cuales se cuestiona la potestad de fiscalización que sobre ellas poseen las Entidades de Fiscalización Superior. En consecuencia, el presente documento analiza dicha potestad desde las normas jurídicas, contables y de auditoría.

Las APP se constituyen una gran oportunidad para los gobiernos latinoamericanos, máxime en tiempos de limitaciones económicas, que permiten unir las virtudes de los ambos mundos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ahora bien, debe ejecutarse de forma adecuada valorando los riesgos que ello implica.

Por su parte las EFS cumplen un papel fundamental de velar el cumplimiento de los fines públicos propuestos y la satisfacción de los intereses ciudadanos, lo cual a su vez es un gran reto que requiere que las EFS revisen sus procedimientos y capacidades para fiscalizar este tipo de proyectos.

Durante os últimos anos o tema da ética tem ocupado o tempo dos pesquisadores sociais de todos os campos, incluindo aos profissionais das ciências em contabilidade. Este texto faz uma análise da obrigação de atuar eticamente dos auditores, profissionais que têm um maior compromisso como a ética pela natureza de suas funções e a importância dos resultados de seus relatórios para as pessoas dentro e fora da empresa para a qual trabalham.
Recalca este texto que essa exigência é ainda maior nos auditores governamentais que trabalham nas Entidades de Fiscalização Superior, pois eles são os responsáveis de fiscalizar o correto uso dos fundos públicos. Consequentemente, os organismos reguladores da profissão de auditor têm diversos instrumentos sobre a ética, tais como: O Código de Ética do IFAC, o Código de ética do Instituto dos Auditores Internos e o Código de ética da INTOSAI.
Os principais princípios éticos coincidentes nestes códigos são: Integridade, Objetividade, Confidencialidade / Segredo profissional, Competência profissional, Independência. Dentro destes princípios ressalta a independência como o requerimento básico para que uma EFS possa exercer suas funções adequadamente.

Video de la ponencia El papel de la Contraloría General de la República para garantizar el derecho de la ciudadanía a la buena administración, expuesto en Santiago de Chile, en noviembre 2016.

El objetivo del presente artículo es describir las normas que regulan el instituto de la denuncia en el sector público, detallando las leyes aplicables, y las principales garantías y características como medio de participación ciudadana, deber de los funcionarios públicos e instrumento en la lucha contra la corrupción pública. Lo anterior con la finalidad de exponer las principales regulaciones aplicables a la denuncia, lo cual es de interés tanto para posibles denunciantes, sean ciudadanos o funcionarios públicos, como para los órganos y funcionarios encargados de recibirlas y tramitarlas a fin de realizar esta labor con apego al ordenamiento jurídico.