Metodología para valorar el criterio precio en las contrataciones públicas que permita garantizar el derecho a la buena gobernanza
La contratación administrativa es una de las actividades más relevantes que realiza la Administración para la consecución de los objetivos públicos perseguidos, dado que por medio de ella adquiere los insumos, productos o servicios que le permiten prestar de forma directa e indirecta los servicios públicos a la ciudadanía, de tal manera que ha sido ampliamente analizado desde diferentes perspectivas, máxime que es en ella en que se utilizan mayormente los fondos públicos.
No obstante, en esta ocasión interesa abocarse a los sistemas de valoración de las ofertas que procuran seleccionar al contratista más idóneo, en donde se destaca por su importancia la variable precio y los demás elementos vinculados como modificaciones de precios, descuentos, precios ruinosos, precios inaceptables y reajuste de precios, dado que frecuentemente se busca la oferta que posee el “menor precio” con el fin de ahorrarle recursos al Estado, todo ello haciendo especial mención a la normativa jurídica costarricense y los criterios emitidos por la Contraloría General de la República de dicho país en su papel de rectoría en materia de compras públicas; no obstante, los hallazgos planteados pueden extrapolar a otras latitudes latinoamericanas que comparten inquietudes similares en la materia.
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