El presente documento deja, sobre la mesa de discusión, el nuevo paradigma al que nos enfrentamos por tener empresas públicas que, por su naturaleza, se encuentran sujetas a los principios de publicidad y transparencia, pero que por encontrarse bajo un régimen de competencia se exceptúa de este deber en los supuestos de: salvaguardar la confidencialidad de la información de los clientes que este en su poder y en aquellas materias que se consideran secreto industrial, comercial o económico, cuando por razones estratégicas o de competencia no sea conveniente su divulgación a terceros.