Un auditor se encuentra ante un acto de corrupción si éste cumple con los elementos de incentivo, oportunidad y racionalidad; mientras que las violaciones a la integridad, corresponden a aquellas acciones que incluyen fraude, desperdicio, abuso, irregularidades, actos ilegales y actos de incumplimiento.
Asimismo, el auditor puede ser contratado para prestar servicios vinculados con actos de corrupción o violaciones a la integridad, que pueden ser de carácter preventivo, para lo cual procederá a revisar los mecanismos de control,

El objetivo del presente artículo es describir las normas que regulan el instituto de la denuncia en el sector público, detallando las leyes aplicables, y las principales garantías y características como medio de participación ciudadana, deber de los funcionarios públicos e instrumento en la lucha contra la corrupción pública. Lo anterior con la finalidad de exponer las principales regulaciones aplicables a la denuncia, lo cual es de interés tanto para posibles denunciantes, sean ciudadanos o funcionarios públicos, como para los órganos y funcionarios encargados de recibirlas y tramitarlas a fin de realizar esta labor con apego al ordenamiento jurídico.